El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 88 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. En lo particular, la ley fue ratificada con 70 votos a favor y 30 en contra, por lo que el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal.
También fue aprobada en lo general la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con 67 votos a favor, 29 en contra y 6 abstenciones, mientras que en lo particular se emitieron 66 votos a favor y 31 en contra, por lo que también fue enviado al Ejecutivo Federal.
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La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece un modelo de coordinación entre todas las instituciones de seguridad del país para compartir y actualizar información de forma diaria.
Crea el Sistema Nacional de Información, que incluye registros de detenciones, armamento, personal de seguridad, mandamientos judiciales, vehículos robados, entre otros.
Regula los centros de comando y control en los tres niveles de gobierno y fortalece la colaboración mediante el Gabinete Federal de Seguridad, el Consejo Nacional, las conferencias nacionales y las mesas de paz. Reconoce a la Guardia Nacional como parte del sistema y otorga facultades a estados y municipios para implementar estrategias locales, profesionalizar cuerpos de seguridad y promover mecanismos de justicia cívica.
En tanto, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública regula la operación del sistema de inteligencia en seguridad para prevenir, investigar y perseguir delitos, se crea la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia, que integrará bases de datos de todas las instituciones de seguridad y justicia.
Establece el Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública como órgano de coordinación estratégica y fija estándares de certificación y profesionalización para quienes manejen información sensible.
También se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de integrar bases de datos, análisis criminal y coordinación con el Ministerio Público.
Durante la discusión, por el PRI, la senadora Cristina Ruiz acusó que la ley representa un instrumento de control y no de seguridad, y afirmó que su contenido está diseñado para proteger pactos con el crimen organizado.
Señaló que se trata de una simulación que encubre con una nueva norma el fracaso de la estrategia federal.
Criticó la falta de controles, el abandono del Estado de derecho y el avance de la violencia. Afirmó que esta ley no rompe con la impunidad ni protege a las víctimas, y sentenció que quien vote a favor lo hace en favor del crimen.
Movimiento Ciudadano sostuvo un voto diferenciado y es que, de acuerdo con la senadora Alejandra Barrales el voto a favor se fundamentó en que la ley incorpora mecanismos como la certificación obligatoria de mandos, la participación ciudadana con voz y voto, el enfoque de derechos humanos y la consulta pública de los planes municipales.
Aclaró que el respaldo se da con base en contenidos específicos, no por consigna. Rechazó, sin embargo, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia por la ausencia de controles democráticos que garanticen la privacidad de la ciudadanía.
El PAN anunció que votó a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al considerar que representa un reconocimiento del fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos”.
Respaldó la eliminación del registro de usuarios de telefonía móvil, la certificación policial, las mesas de paz y el gabinete de seguridad, pero rechazó la ley de inteligencia por considerarla un riesgo para la privacidad.
Se advirtió que las reformas impulsadas por el oficialismo apuntan a establecer un “gobierno espía”, al obligar a los ciudadanos a entregar datos biométricos incluso para trámites básicos, sin controles judiciales efectivos.
Desde Morena se defendió el dictamen al considerar que representa un avance histórico en la evolución del sistema de seguridad pública. Se explicó que la ley desarrolla la reforma constitucional del artículo 21, al establecer cooperación entre el Ministerio Público, las policías, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad.
Se afirmó que permite superar un modelo reactivo y dota al Estado de capacidades normativas para articular inteligencia con prevención del delito. Se hizo un llamado a votar de forma objetiva, sin prejuicios partidistas.
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En medio de fuertes críticas por la crisis de violencia e impunidad, se discutieron los alcances del nuevo modelo de coordinación y vigilancia
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El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública con 88 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención. En lo particular, la ley fue ratificada con 70 votos a favor y 30 en contra, por lo que el dictamen fue turnado al Ejecutivo federal.
También fue aprobada en lo general la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con 67 votos a favor, 29 en contra y 6 abstenciones, mientras que en lo particular se emitieron 66 votos a favor y 31 en contra, por lo que también fue enviado al Ejecutivo Federal.
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La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece un modelo de coordinación entre todas las instituciones de seguridad del país para compartir y actualizar información de forma diaria.
Crea el Sistema Nacional de Información, que incluye registros de detenciones, armamento, personal de seguridad, mandamientos judiciales, vehículos robados, entre otros.
Regula los centros de comando y control en los tres niveles de gobierno y fortalece la colaboración mediante el Gabinete Federal de Seguridad, el Consejo Nacional, las conferencias nacionales y las mesas de paz. Reconoce a la Guardia Nacional como parte del sistema y otorga facultades a estados y municipios para implementar estrategias locales, profesionalizar cuerpos de seguridad y promover mecanismos de justicia cívica.
En tanto, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública regula la operación del sistema de inteligencia en seguridad para prevenir, investigar y perseguir delitos, se crea la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia, que integrará bases de datos de todas las instituciones de seguridad y justicia.
Establece el Consejo Nacional de Inteligencia de Seguridad Pública como órgano de coordinación estratégica y fija estándares de certificación y profesionalización para quienes manejen información sensible.
También se crea la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encargada de integrar bases de datos, análisis criminal y coordinación con el Ministerio Público.
Durante la discusión, por el PRI, la senadora Cristina Ruiz acusó que la ley representa un instrumento de control y no de seguridad, y afirmó que su contenido está diseñado para proteger pactos con el crimen organizado.
Señaló que se trata de una simulación que encubre con una nueva norma el fracaso de la estrategia federal.
Criticó la falta de controles, el abandono del Estado de derecho y el avance de la violencia. Afirmó que esta ley no rompe con la impunidad ni protege a las víctimas, y sentenció que quien vote a favor lo hace en favor del crimen.
Movimiento Ciudadano sostuvo un voto diferenciado y es que, de acuerdo con la senadora Alejandra Barrales el voto a favor se fundamentó en que la ley incorpora mecanismos como la certificación obligatoria de mandos, la participación ciudadana con voz y voto, el enfoque de derechos humanos y la consulta pública de los planes municipales.
Aclaró que el respaldo se da con base en contenidos específicos, no por consigna. Rechazó, sin embargo, la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia por la ausencia de controles democráticos que garanticen la privacidad de la ciudadanía.
El PAN anunció que votó a favor de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública al considerar que representa un reconocimiento del fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos”.
Respaldó la eliminación del registro de usuarios de telefonía móvil, la certificación policial, las mesas de paz y el gabinete de seguridad, pero rechazó la ley de inteligencia por considerarla un riesgo para la privacidad.
Se advirtió que las reformas impulsadas por el oficialismo apuntan a establecer un “gobierno espía”, al obligar a los ciudadanos a entregar datos biométricos incluso para trámites básicos, sin controles judiciales efectivos.
Desde Morena se defendió el dictamen al considerar que representa un avance histórico en la evolución del sistema de seguridad pública. Se explicó que la ley desarrolla la reforma constitucional del artículo 21, al establecer cooperación entre el Ministerio Público, las policías, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad.
Se afirmó que permite superar un modelo reactivo y dota al Estado de capacidades normativas para articular inteligencia con prevención del delito. Se hizo un llamado a votar de forma objetiva, sin prejuicios partidistas.
Nacional – Ovaciones
